Guía DGOJ: publicidad de juego con influencers en España

La Ley 13/2011 regula el juego de ámbito estatal. Su artículo 7 exige la autorización correspondiente en el título habilitante para publicidad, patrocinio y promoción. Comprueba licencia, producto, territorio y canal antes de proponer una activación.

Dentro de su ámbito, el Real Decreto 958/2020 conserva principios de identificación publicitaria, veracidad, responsabilidad social, juego seguro y protección de menores. La presencia de una marca en una web o en una colaboración no acredita una licencia española.

El BOE consolidado marca como anulados los apartados 1 y 3 del artículo 13, el artículo 15, el apartado 1 del artículo 23, el apartado 3 del artículo 25 y los apartados 2 y 3 del artículo 26. Las sentencias publicadas en el BOE permiten comprobar el alcance de cada anulación.

La prohibición general de personas de notoriedad pública del antiguo artículo 15 no puede presentarse como una obligación vigente de ese artículo. La anulación parcial no elimina el resto del marco ni convierte cualquier promoción, creador o formato en admisible.

El artículo 18 conserva reglas horarias para servicios de comunicación audiovisual, con excepciones y condiciones. El artículo 25.2 se refiere a determinadas comunicaciones comercializadas, vendidas u organizadas por prestadores de plataformas de vídeo y separables del programa. No trasladamos automáticamente esa franja a toda mención de un streamer.

Los artículos 25 y 26 mantienen requisitos sobre herramientas de las plataformas y protección de menores. El artículo 27 contempla reglas específicas para pronosticadores de apuestas. Un vídeo patrocinado, una compra de anuncios y un pronóstico requieren revisar su encaje por separado.

Conviene documentar el mercado, la licencia aplicable, el público previsto, el formato y el mensaje. Las advertencias de edad y juego seguro deben ajustarse a los preceptos y requisitos correspondientes. No imponemos una regla universal de primeros treinta segundos.

Recomendamos conservar el brief, las aprobaciones, las condiciones de la promoción y una referencia del contenido publicado. La revisión reduce errores operativos; no equivale a una garantía jurídica ni fija un plazo universal de aprobación.

SocialPro distingue la coordinación editorial de la validación jurídica. Para una propuesta de activación, solicita las condiciones aplicables al operador y coordina mensajes y entregables con los participantes. El alcance de revisión y las responsabilidades se acuerdan para el proyecto.

Un operador puede exigir textos, validaciones o límites adicionales por contrato, producto o mercado. Deben identificarse como requisitos del operador, sin presentarlos como normas universales. Las reglas de las plataformas y los compromisos de autorregulación se comprueban por separado.

Esta guía se refiere al marco español citado. No sustituye la revisión del régimen autonómico o de otro país cuando sea aplicable. Una campaña para varios territorios requiere comprobar las condiciones de cada mercado y distribución de contenido.